¿Estás al tanto de la normativa de destrucción de documentos públicos? Se trata de una obligación para toda clase de empresas y organismos. Por eso, nos gustaría aprovechar estas líneas para explicarte un poco más en profundidad el tema. Nuestra intención, aportarte la mejor información y, de paso, despejar cualquier duda que pudieras tener al respecto.
En Natura Activa somos especialistas en la destrucción confidencial. Nos apasiona nuestra actividad y nos dedicamos a ella en cuerpo y alma. No hace mucho, en este mismo espacio, ya os explicamos cómo era el tratamiento de los datos personales por una empresa de destrucción de documentos. En esta ocasión, vamos a centrarnos en las entidades públicas.
Lo primero que tenemos que saber es que los organismos públicos cuentan con grandísimas cantidades de información contenida en papel. Además, tienen la misma obligación de cumplir con todo lo estipulado en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
El principal objetivo de la destrucción de documentos públicos es asegurar la inviolabilidad de la información que recoge. No en vano, resulta muy difícil que estas entidades cuenten con espacio o medidas suficientes como para certificar su seguridad a lo largo del tiempo. Del mismo modo, tampoco cuentan con los medios para llevar a cabo una destrucción segura y certificada.
Son varios los motivos que nos llevan a apostar por una correcta destrucción de documentos públicos que contienen información personal:
- Cumplir escrupulosamente con la ley
- Fomentar e invertir en seguridad
- Motivos económicos y evitar cuantiosas multas
Un aspecto que tenemos que tener muy claro es que esta actividad, cuando se enfoca en el sector público, debe realizarse con una total transparencia y siguiendo siempre distintos criterios homogéneos y garantías objetivas y legales. El fin último es el de garantizar la seguridad jurídica de todas las administraciones públicas en este ámbito.
Además, tienes que saber que no será posible conseguir la autorización sobre la eliminación o destrucción de documentos de la Administración General del Estado o de sus Organismos Públicos en tanto exista su valor probatorio de derecho y obligaciones. Tampoco podrá llevarse a cabo si no han transcurrido los plazos previstos en la legalidad vigente.